El desierto tucumano comienza en el ejercicio del poder. Queda expuesto en el diario gobernar. Ahí se ve, sin metáforas, por qué tantos tucumanos, en pleno siglo XXI, en la década dudosamente ganada, son desprovistos de agua potable, que no es líquido vital elemento sino derecho humano básico.

La ventana con vista panorámica del páramo es un informe que el mismísimo Ejecutivo presenta todos los años al Poder Legislativo, durante la apertura del período de sesiones ordinarias. Lo confecciona la Dirección de Ceremonial y es el detalle del diario quehacer del gobernador, que incluye las recorridas por obras en ejecución y las inauguraciones. El año pasado se entregó la bitácora correspondiente a 2011, en la cual se detalla que José Alperovich visitó 116 trabajos vinculados con pavimento y cordón cuneta. Es, casi, un acto cada dos días hábiles sólo para estas realizaciones de asfalto y hormigón. De hecho, representa el 42% de esa clase de actividades oficiales.

Durante ese mismo año de las tres elecciones (las PASO, la reelección de Cristina Fernández, la recontra-reelección de Alperovich), las supervisiones e inauguraciones de obras de agua potable fueron sólo 12 (4%).

La democracia pavimentadora no tiene tiempo ni esfuerzo ni recurso ni ganas para, precisamente, lo que debe ir por debajo del pavimento. Tampoco es para sorprenderse: si hace 10 años vienen marchitando la república, no iban a ser ellos, justamente, los que se preocupasen por garantizar el aprovisionamiento de agua para los habitantes de su jardín.

La verdadera sequía radica en que poder se haya secado como verbo (debiera ser poder hacer algo) y haya mutado en sustantivo: poder para el que gobierna.

Esta, por si no ha quedado claro aún, es la buena noticia. Para expresarlo en términos publicables...

Lo que no has de beber

Ni administración que ignora qué hacer y realiza cualquier cosa. Ni gestión que sí tiene respuestas, pero no las ejecuta. El alperovichismo, a la luz de su historial de promesas inundadas de incumplimientos (cuidadosamente recopiladas por la legisladora Silvia Elías de Pérez), es un gobierno que decidió pagar por estudios que ya tiene para hacer lo que no se digna a concretar.

Para advertirlo puede comenzarse por el 25 de septiembre de 2001, cuando se firma un acta acuerdo entre el Gobierno de la provincia, representado por el entonces vicegobernador, Sisto Terán, y la UNT, en la persona del entonces rector, Mario Marigliano. El poder político le encarga a la comunidad académica ejecutar un "Plan director para la sistematización de la Quebrada del Flanco Oriental de la Sierra de San Javier".

El 30 de noviembre, ese convenio se convalida mediante el decreto 3042/3. El 5 de enero de 2002, la Legislatura lo ratifica, convirtiéndolo en la Ley 7.185.

Ese estudio tiene tanta vigencia que la Municipalidad de Yerba Buena presentó el proyecto del desagüe pluvial del Boulevard 9 de Julio conforme a las pautas de ese trabajo.

Pero sí 12 años queda lejos, la mitad queda cerca. El 23 de abril de 2007, la SAT anuncia en LA GACETA una inversión de $ 14 millones para mejorar la producción de la planta potabilizadora de El Cadillal y solucionar el abastecimiento de San Miguel de Tucumán, optimizando y ampliando el suministro en zonas de escasez de agua como Villa Carmela y Tafí Viejo. Prevé, además, derivar mediante un acueducto la conexión a Lomas de Tafí.

En julio de 2008, una publicación interna de la SAT da cuenta de una licitación del Ente Nacional de Obras Hídricas (Enhosa), por $ 50 millones. Y la obra tiene el consabido nombre: "Optimización y ampliación del sistema de agua potable en San Miguel de Tucumán". Y refiere a tres de las cuatro fases en la provisión de agua: mejorar la captación, la conducción y la potabilización. El último paso es la distribución: de nada servirá la cañería si no hay qué poner en ella.

Lo contrario es convertir los caños en arterias: lejos de transportar agua, parecen trasladar aire. Cuando no otras viscosidades. Para expresarlo en términos publicables...

Llovido y mojado

Pero es en diciembre de 2010, otra vez en este diario, cuando comenzarán a aparecer promesas a lo grande, siempre vinculadas con agua potable para el Gran San Miguel de Tucumán. La SAT informa que en 2011 serán licitados nada menos que los acueductos de Anfama y de Vipos, con los que terminarían los problemas de abastecimiento en Yerba Buena, Villa Carmela y Tafí Viejo.

Estas obras, abundaba la SAT, formaban parte del plan director de agua y cloacas a 10 años que la SAT había planteado en 2004, con inversiones por $ 1.200 millones, de los cuales ya se habían ejecutado para entonces $ 800 millones. El de Anfama iba a ser un acueducto nuevo de 40 km, que correría paralelo al de la UNT, que es el que se usa hoy. El de Vipos tendría 56 km, abastecería a Yerba Buena, y de él se haría una derivación para beneficiar a Tafí Viejo y Villa Carmela.

Más aún, la SAT dirá entonces que los proyectos para estas obras ya habían sido realizados y luego presentados ante el Banco Interamericano de Desarrollo BID, por lo que en la primera mitad de 2011 se los licitaba, con un año de plazo de ejecución.

Pero en 2011 no aparecieron con la obra, sino, curiosamente, con exactamente la misma promesa. En agosto de ese año, la SAT, se repite: dice que elaboró un proyecto para hacer un nuevo acueducto de Anfama que corra paralelo al de la UNT, que se usa hoy. Y también comunica que se había presentado un proyecto para construir un nuevo acueducto de Vipos. Una de dos: o se olvidaron de que ya habían hecho eso y lo hicieron otra vez; o querían una segunda opinión de ellos mismos, y duplicaron los proyectos que ya estaban en manos de los organismos internacionales.

Las únicas novedades consistieron en que esa vez hablaron de costos (una inversión de $ 110 millones) y, por supuesto, de nuevas fechas: los acueductos iban a ser licitados en 2012.

Pero en 2012 no solamente no los licitaron: hicieron algo todavía peor. El 21 de diciembre de ese año, la Legislatura votó la Ley 8.558. Esa norma, defendida a ultranza por el citado ex vicegobernador, autoriza ahora al Poder Ejecutivo a celebrar otro convenio con una universidad, pero esta vez es la Facultad Regional La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional. El acuerdo es para que realice proyectos de ingeniería, estudios de impacto ambiental y evaluaciones económicas para una obra de nombre por demás conocido: "Optimización de Servicio de Agua Potable para San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Villa Carmela".
No es una broma: es una tragedia. Para expresarlo en términos publicables... 

Suena, pero no trae

A cambio de eso que hay de sobra, se pagarán $ 5,5 millones. O, mejor dicho, pese a los estudios de la UNT de 2001 para la sistematización de cuencas para beneficio del Gran San Miguel de Tucumán, y de los proyectos presentados ante organismos internacionales para captación y transporte de agua (los acueductos de Vipos y de Anfama) hacia el mismo conglomerado urbano, y de las necesidades tan conocidas en materia de potabilización que la SAT ya invirtió en eso y hasta el Enhosa hizo licitaciones, se pagarán $ 5,5 millones a profesionales foráneos para que digan que se haga lo que ya se sabe que debe hacerse.

Y peor aún: una vez que la Tecnológica de la anegada La Plata avale el convenio, tendrá ocho meses (240 días) para hacer las evaluaciones que ya están hechas. Y luego vendrán otros plazos para contratar la realización de la obra. Y, después, para ejecutarla. O sea, el Estado pagará millones para que se demore todavía más lo que hoy ya está inexplicablemente demorado. Porque entre la llegada de la SAT y los diagnósticos, ya han pasado 8 años. Y $ 800 millones.

En esta provincia, los tucumanos necesitan ser evacuados inclusive cuando hay sequía. Para expresarlo en términos publicables...

Llovió, pero no paró

Aunque las que se encuentran declaradas son la económica, la habitacional y la hídrica, lo que de verdad está en emergencia es la institucionalidad de esta provincia. El archivo de la legisladora opositora lo comprueba escandalosamente.

Allí figura la ejecución por parte del Enhosa de la licitación 01/2010, "Mejoramiento integral del sistema de agua potable de la localidad de El Manantial". La oferta presupuestada ascendió a poco más de $ 2,4 millones para 7.877 metros lineales de cañería. Unos $ 300 por metro lineal.

Pero en Tucumán, por inconstitucional voluntad alperovichista, no hay licitación publicación. Y por contratación directa (ese régimen que reivindica sin sonrojarse el subsecretario de Vivienda de la Nación, Germán Noviello) aparecen las tareas ejecutadas por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, autorizada por la delegativa Legislatura alperovichista a eludir el concurso público de precios en trabajos de hasta $ 150.000. Para botón de muestra, la obra de provisión de agua potable de Güemes al 1.200 de San Miguel de Tucumán. Léase, 100 metros a $ 148.000. Según los cálculos de Elías de Pérez en la denuncia judicial correspondiente, $ 1.350 por metro lineal. Es decir, un 450% más. O si se prefiere, apenas una cuadra por el precio de más de cuatro.

Eso le cuesta a los tucumanos la sequía republicana.

Pero el alperovichismo no está para esas pequeñeces. Y lo ratificó el informe de la Dirección de Ceremonial entregado el mes pasado a la Legislatura. Durante 2012, Alperovich recorrió o inauguró trabajos de pavimento y cordón cuneta en 96 ocasiones, que totalizaron el 48% de sus actividades de este tipo. Las obras de agua visitadas o estrenadas, en cambio, fueron 3: el 1,5% de su agenda durante el año en que no hubo elecciones.

La sequía, entonces, adquiere otra dimensión: no hay agua porque el Estado se la está tragando. Para expresarlo en términos publicables...

Suerte que llovió ayer.